Municipios y Desmunicipalización de la Educación

PARCIAL VARIANDO A NUBLADO

Luis González Reyes

Presidente Centro de Estudios Para Asuntos Docentes

CEPAD

En 1981 se iniciaba la llamada Municipalización de la Educación Fiscal. A ese y otros cambios estructurales –así por ejemplo la creación de las A.F.P.- se los denominó, por el gobierno de la época, “modernizaciones”. Como se diría en jerga vaticana, “aggiornamento”.

Las razones esgrimidas para dicho proceso fueron variopintas, siendo la principal de ellas el descentralizar el servicio educativo fiscal, asignándole dicha función a las municipalidades, para cuyo efecto se les traspasaba la administración de los colegios, dada la mayor cercanía de ellas con estos. Se creía, ¡¡Oh, los actos de fe!! que ello permitiría que los municipios pudiesen cautelar mejor tanto la estructura como las necesidades de los centros educativos y su entorno.

Se argüía, además, que mejoraría la calidad de la educación, esperándose ¡¡oh, los actos de esperanza!! que, con ello, los caminos de la educación fueran más eficientes y placenteros.

En lo principal, la municipalización trasladaba la función educativa del Estado hacia los individuos, sus familias y el mercado; en suma y resumen, finalizaba el Estado Docente y de Compromiso para ser sustituido por el Estado Subsidiario.

Ante ello, le Iglesia Católica, mediante el documento “El educador, servidor de la vida”, criticó el traspaso de los establecimientos públicos a las municipalidades y corporaciones, expresando que dicho proceso, “haría bajar la calidad de la educación y no evitaría el lucro”. Corría 1986 y, en ese mismo año se traspasaban los centros educativos de nuestra ciudad; los docentes –para oponerse a ese proceso- crearon el Frente de Defensa de la Educación Pública, organizaron protestas y marchas -contando incluso con la presencia del Obispo de Aconcagua, Manuel Camilo Vial Risopatrón- convocaron a un plebiscito, en el cual el 97% de los votantes se pronunció en contra de la municipalización. En esa lucha destacó la figura señera del Profesor Pedro Barrera Quezada.

Transcurridos ya 32 años del inicio de la municipalización, ante el altar de la educación han oficiado todo tipo de chamanes e ilusionistas. En este tiempo casi todo se ha modificado, se han creado normas, leyes e instituciones (la gran mayoría con sus respectivas siglas) tales como Ministerio de Educación (MINEDUC), JEC (Jornada Escolar Completa), Nuevo Currículum, Superintendencia de Educación (Supereduc), Agencia de Calidad, Evaluación de Desempeño Docente, SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad Educativa), Consejos Escolares, Facultades Delegadas, Nuevas Prácticas Pedagógicas, AEP (Asignación de Excelencia Pedagógica)… algunas que se olvidan como Bono SAE, Ley de Calidad y Equidad de la Educación (propiciada por el Senador Ignacio Walker y Joaquín Lavín) –y que permite, entre otras medidas, que los Directores no sean Profesores- solo por mencionar algunas, dentro del frondoso pero no frutal árbol educativo. Lo único que permanece intocado y casi inalterable es, por una parte, la municipalización y, por otra, la crisis de equidad cuya manifestación es un sistema segmentado y discriminatorio, que además considera la educación solo desde el punto de vista de resultados cuantitativos, -olvidando entre otras cosas- que es un medio de inclusión social. Ello acontece –y no es porque la municipalización no haya sido criticada desde hace más de 25 años y, prácticamente desde su inicio que el Magisterio pide su anulación, dado que el Estado Subsidiario ha modificado los objetivos finales de la educación, pensándose e intencionando que basta capacitar a los jóvenes, adicionándoles “capital humano” enfocado solo al ámbito económico como mero productor y consumidor, para que seamos una fotocopia infeliz del Edén.

Todos los estudios, tal como los del Comité Asesor Presidencial de 1994 hasta el Panel de Expertos del 2011, han solicitado el cambio de la municipalización, ello no significa –como algunos lo distorsionan- que toda la Educación deba ser totalmente estatal. Eminentes académicos y líderes espirituales se han pronunciado en el mismo sentido, como el ex Rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros, quien ha expresado que “es necesario revisar el proceso de municipalización, que ha dado malos resultados” (Revista Occidente Nº 424).

El Alcalde de Los Andes, Mauricio Navarro, en el diario La Tercera del 17 de julio de 2011, expresaba: “No me parece que los colegios sean de administración municipal, porque hay mucha desigualdad en las comunas”. Sin embargo, en Radio Biobío –y su correspondiente página web www.biobio.cl- el 25 de mayo de este año hablando, no se sabe si a nombre propio o de otros alcaldes, expresa: “La mayoría de los alcaldes concuerdan en potenciar el sistema y no optan por la desmunicipalización”. Es su derecho –si así ha sido- cambiar de opinión, después de todo nadie quiere perder poder, pero es necesario puntualizar que la municipalización es ilegítima en su origen, resultado de una imposición y no de un consenso; que no produjo los beneficios que prometió; que agudiza las desigualdades; que atomizó municipios sin capacidad de gestión en Educación; que, como muestra la experiencia internacional, el financiamiento subvencionando por alumno solo tiene un incentivo complementario, pero habiéndose garantizado antes un piso suficiente; pero, sobre todo, ha producido una educación que integra a los jóvenes solo al mundo laboral, lo que Martha Nussbaum llama la “lógica de la rentabilidad”.

Si se decide optar –como puede parecer legítimo- por continuar con la municipalización de la educación, no se diga después que los aportes municipales a ella impiden mayor “gasto” social de dichas instituciones. Reformar el sistema es como poner vino nuevo en odres viejos, lo que se requiere es cambiar estructural e integralmente el sistema educativo.

Luis González Reyes (*)

Presidente de CEPAD

Centro de Estudios Para Asuntos Docentes Los Andes

cepadchile@gmail.com

http://cepad.blogspot.com

(*) LUIS GONZÁLEZ REYES es Profesor de Historia y Geografía, ex Director A.F. y ex Inspector General del Liceo Maximiliano Salas Marchán de Los Andes, ex Director Instituto Agrícola Pascual Baburizza, ha sido miembro elegido democráticamente del Consejo Económico y Social de Calle Larga (hoy Consejo de Organizaciones Civiles), dos veces Presidente y dos veces Secretario Provincial del Colegio de Profesores, Tesorero de la Liga Protectora de Estudiantes, Vicepresidente de Cooperativa de Servicios Solidarios Regional Aconcagua, Presidente y fundador de CEPAD, galardonado como Andino Destacado por la Municipalidad de Los Andes en 2012, agudo escritor y orador, ha publicado infinidad de artículos, ensayos y discursos sobre educación, medio ambiente y otros temas en la prensa local y en numerosas reuniones, charlas y conferencias en distintas organizaciones.

CONSTITUCIONES: MÁS QUE CUATRO PAREDES

Algunos de los precandidatos y precandidata presidencial, han manifestado su opinión, en el sentido de elaborar una nueva constitución, aduciendo razones en cuanto al origen y génesis de la actual Carta Fundamental, asimismo, su marcado sentido de privilegiar a sólo dos bloques políticos; su difícil, por no decir imposible reforma, y otros aspectos.  Algunos sectores políticos se oponen a una nueva constitución esgrimiendo, entre otros motivos, la estabilidad, en el sentido en  que ellos quieren entender dicho concepto.

La opinión y reflexión que hago –en torno al tema enunciado- no es de orden político,  y se trata más bien de un breve bosquejo pedagógico – docente, acerca de la forma, los procedimientos y qué actores han participado en la elaboración de las constituciones que han sido más duraderas en el tiempo. Al examinar con verosimilitud las fuentes históricas, se desprende que, en ninguna ocasión la ciudadanía, la civilidad, los movimientos sociales –como se diría hoy- han participado plenamente y más bien dichas constituciones –la de 1833, 1925 y 1980- fueron realizadas entre cuatro paredes y casi como una pintoresca tertulia entre amigos.

La Constitución de 1833, en su inicio tuvo como origen, sólo reformar la anterior, a saber la de 1828, para ello se creó una Gran Convención, integrada por dieciséis diputados, cuyos nombres fueron recomendados por el Presidente José J. Prieto al Congreso, se sumaba a ellos un grupo de veinte ciudadanos “de mucha probidad e ilustración” los que fueron nominados por el Ministerio. Entre dichos ciudadanos –y cito el dato como anecdótico- se destacaba Juan F. Meneses Echanes, personaje casi novelesco; primero realista, luego sacerdote y finalmente patriota, fue Secretario del Gobernador García Carrasco, Diputado por Aconcagua y Cura Párroco de Los Andes.

Como es posible deducir, de los treinta y seis ciudadanos que participaron en la elaboración de la Constitución, ninguno fue elegido “por los pueblos”, no existió, por tanto, ningún acto de soberanía popular, al revisar los nombres de los ciudadanos aludidos, todos ellos eran miembros de la élite política de la época.

La Constitución fue promulgada y jurada por las diversas autoridades, en las Capitales de Provincia los Gobernadores convocaron a las Fuerzas Armadas, los vecinos y el pueblo para presenciar la ceremonia de juramento. (F. Encina).

Dos sombras se proyectaron sobre la Constitución de 1833, la primera –como se ha probado- la ausencia absoluta de la gente común y corriente y en segundo término, la sombra del Ministro Diego Portales, el que en 1834 expresaba “A esa señora Constitución hay que violarla cuando las circunstancias sean extremas, y qué importa cuando la parvulita lo ha sido tanto por su inutilidad”.

A confesión de parte relevo de pruebas.

La Constitución de 1833 preveía un sistema para su reforma, sin respetar ese, se inicia en 1925 el estudio de una nueva carta, para ello mediante Decreto se nombra una Comisión Consultiva integrada por doscientas personas, cabe destacar que se nombra y no se elige, a su vez para obtener un traje a su medida, el Presidente Arturo Alessandri Palma presionó a la Subcomisión encargada de redactar la Carta, siendo esta sometida a plebiscito y pronunciándose la ciudadanía con una de las tres cédulas creadas para el efecto. En la votación el 52% no votó y se abstuvo, ¿Qué legitimidad de origen pudo tener dicha consulta, si la ciudadanía que no participó superaba a quienes sí lo hicieron?

Nuevamente –y como en 1833- el poder constituyente de la ciudadanía no fue convocado ni se expresó, aunque esto se pudo haber hecho incorporando a la Comisión Consultiva a personas que habían formado parte de la Asamblea Constituyente de Trabajadores e Intelectuales, que había sesionado en marzo de 1925.

La Constitución de 1980 deviene de una situación de fuerza, inexistencia y limitación de varias libertades públicas, sin Congreso ni partidos políticos, y censura de entidades gremiales. En su elaboración se obvió que el poder constituyente reside en el pueblo y la nación, siendo ese reemplazado por Comisiones cuyos miembros fueron nombrados por el Ejecutivo. Fue consultada la ciudadanía, mediante voto sin existir siquiera la garantía de Registros Electorales.

Ha sido débilmente modificada, la última vez con la firma del Ex Presidente Ricardo Lagos E., quien cometió un error histórico al expresar  en dicha oportunidad “que era una Constitución para el siglo XXI”.

Si debe existir una nueva Constitución, debiese incorporar elementos de multietnicidad, derechos y garantías de cuarta generación, mayores instancias de participación plena, abierta, es decir democrática. Una Constitución no cambia todo, podrá modificar –como indica Octavio Paz- el régimen político, pero no cambia el tipo de sociedad.

Si dicho cambio prosperara, debiese ir acompañada de medidas complementarias, destinadas a superar, entre otras cosas, una desigualdad inmoral y otras carencias estructurales en nuestro ordenamiento. Para ello tiene fundamento el llamamiento a una Asamblea Constituyente con participación dialogante y que exprese los distintos puntos de vista de una amplia ciudadanía.

Una nueva constitución no nos devolverá el Paraíso Perdido ni a una Edad de Oro ni tampoco a una Sociedad Perfecta, pero sí debiera ampliar el horizonte ciudadano desde una democracia que es sólo política a una democracia social.

                                                                                              Juliet C. Turner Araneda

                                                                                   Profesora de Historia y Geografía

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