El pasado
jueves 10 de enero, la Sala de la Cámara de Diputados declaró finalmente admisible,
en su sesión 124, el proyecto que renueva la Ley 19.648 de 1999, sobre acceso a
la titularidad de los docentes a contrata en los establecimientos educacionales
municipalizados, que previamente había sido declarado inadmisible por la Mesa.
CEPAD, que ha estado presente en este proceso, quiere compartir con la
comunidad de Aconcagua lo siguiente:
¿Qué importancia tiene esta
moción parlamentaria?
Para
dimensionarla en su justa medida, aclaremos algunos antecedentes:
Los profesores,
de acuerdo a la Ley, pueden ingresar al sistema educativo municipal por alguna
de las siguientes dos vías:
1.
Mediante
postulación a Concurso Público convocado por el Sostenedor (Municipalidad)
y, hoy, en vigencia de la Ley 20.501, con participación de la Alta Dirección
Pública. Quien gane el concurso accede a la Titularidad de las horas ofrecidas.
2.
En
calidad “a contrata”: Mediante un acto administrativo de
nombramiento, para prestar servicios transitorios, experimentales,
optativos, especiales o de reemplazo; este nombramiento generalmente es de
1 año, terminando cada diciembre y dándole derecho a pago de sus vacaciones
durante enero y febrero siguiente.
La Ley señala como tope máximo de horas a
contrata el 20% de la dotación de docentes de una comuna, contemplando multas
consistentes en retenciones de subvención a los municipios que excedan este
porcentaje por parte de las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación.
Lamentablemente, en la práctica estas
disposiciones no se cumplen: la gran mayoría de los municipios del país
tiene en calidad de contrata a más del 20% de sus profesores, siendo que
la mayoría de ellos realiza labores docentes permanentes, es decir, que
deberían ser sometidas a concurso para que se pueda acceder a su titularidad.
Por otra parte, las retenciones de subvención no son aplicadas, todo lo cual
somete a los docentes a una situación de enorme inestabilidad e injusticia ya
que, a pesar que lleven prestando servicios por varios períodos, cada fin de
año constituye un motivo más de incertidumbre, al no saber si contarán
nuevamente con su trabajo y al no poder acceder, por ejemplo, a antigüedad
funcionaria, pago de indemnizaciones, perfeccionamiento y vivir el drama de no
ser sujetos de crédito ante instituciones financieras para optar, por ejemplo,
a un crédito de vivienda, entre otras situaciones de desmedro que constituyen
abiertamente una discriminación social.
En dos ocasiones, la Ley ha
pretendido dar alguna solución a este problema. El que se haya acogido a
discusión nuevamente es una señal de su vigencia e importancia. Lo que se ha
declarado admisible es la posibilidad de que se renueve la Ley 19.648 del año
1999 que, en su artículo único, señala:
“Concédase, por única vez, la calidad de titulares de la dotación
docente dependiente de un mismo Municipio o Corporación Educacional Municipal,
a los profesionales de la educación parvularia, básica o media que, a la fecha
de esta ley, se encontraren incorporados a ella en calidad de contratados y que
se hayan desempeñado como tales en la misma durante, a lo menos, tres años
continuos o cuatro años discontinuos, por un mínimo de veinte horas
cronológicas de trabajo semanal”.
Haciéndose eco de la gravedad del problema,
el Directorio Regional Valparaíso del Colegio de Profesores realizó los
contactos con algunos parlamentarios para que se allanaran a abordar algunas
alternativas de solución. Es así que se contó con un transversal consenso que
llevó a que se presentaran en primera instancia dos mociones similares al
respecto, del Senador Francisco Chahuán en el Senado y de 11 diputados de todas
las tendencias, encabezados por los diputados Rodrigo González y Aldo Cornejo,
en la Cámara de Diputados, siendo esta última la que, tras un primer rechazo,
fue admitida a discusión en la Cámara.
La posibilidad de que se renueve esta ley es
solo una de las alternativas que estudiará el parlamento, aún queda un largo proceso de tramitación,
pero con el apoyo de los profesores y la comunidad, esperamos que llegue a
convertirse en una medida que otorgue justicia a tantos docentes que viven año
tras año en la inestabilidad laboral.
En la zona, el Directorio de CEPAD se reunió
con el Diputado Gaspar Rivas para analizar el tema y pedir su apoyo a la
moción. El parlamentario por Aconcagua se sensibilizó ante el problema y
cumplió en la sesión de la Cámara su compromiso de votar favorablemente la admisibilidad
de la propuesta, que fue presentada por el diputado Rodrigo González y
respaldada inicialmente por 10 diputados más de todas las tendencias políticas.
El otro parlamentario por la circunscripción 11 (Aconcagua), pese a los
intentos que hemos hecho para comunicarnos, no ha respondido aún a nuestra
petición de entrevista, aunque se sumó en la Cámara a votar la admisibilidad de
la moción.
Como organización autónoma de interés
público, CEPAD ha estado presente en este proceso y se hace el deber de
informar a los docentes y a toda la comunidad del comienzo de esta importante
iniciativa parlamentaria.
Vinculada a la moción ya dicha, en el Senado
se había presentado un proyecto tendiente a mejorar la situación contractual de
todos los funcionarios públicos a contrata; entre otros, lo apoyaban los
Senadores Lily Pérez, Camilo Escalona y Mariano Ruiz Ezquide. En lo principal,
la moción tendía a disminuir los despidos injustificados, solicitando para ello
prorrogar los contratos a honorarios y contrata hasta el 31 de marzo de 2014 y,
convertir automáticamente las prestaciones a honorarios en servicios a contrata
si superaban los doce meses. Este proyecto fue desechado porque es materia
exclusiva de iniciativa de ley del Ejecutivo.
Creemos necesario dar a conocer a la
ciudadanía proyectos como el que presentamos en este artículo, destinado a
otorgar titularidad y con ello estabilidad laboral a los docentes y a todos los
funcionarios públicos. Por ello, también adherimos a la preocupación
manifestada por los funcionarios municipales de Los Andes en su declaración
pública respecto de otro proyecto de ley que vulnera los derechos sindicales y
laborales de los funcionarios municipales, ya que pretende establecer reformas
al estatuto administrativo, proponiendo entre sus medidas justamente lo
contrario a lo admitido a discusión por la Cámara de Diputados respecto de
los docentes, esto es, eliminar el límite porcentual de personal a contrata,
lo que seguiría profundizando la inestabilidad laboral y podría prestarse para
que estos puestos de trabajo fuesen ocupados por personas afines al pensamiento
político de las autoridades de turno, lo que podría dar lugar a la politización
y tráfico de influencias, llenando el espacio de las dotaciones municipales con
“operadores políticos” más que con servidores públicos profesionalizados en
prácticas que no se condicen con una gestión pública basada en los principios
de la transparencia y la probidad.
Gabriela Fernández
Montenegro
Presidenta
y Directorio CEPAD
14/01/2013
