“Sombras imaginarias
vienen por el camino imaginario”
Nicanor Parra
Con fecha 26 de febrero fue publicada la Ley 20.501, acerca de “Calidad y Equidad de Educación”; a ella, el Ejecutivo se refirió como una verdadera revolución educacional y si bien no utilizó la misma expresión, el entonces Presidente de la Comisión de Educación, Senador Ignacio Walker P., la justificó plenamente.
La Ley modifica la situación laboral de los docentes, el nombramiento de Directores, algunos aspectos presupuestarios, bono de retiro y, en forma menor, otras materias.
Uno de los artículos de la norma establece un “Bono Especial para Docentes Jubilados”, otorgándose una cantidad de dinero a percibir, por una sola vez, y de acuerdo con el monto de la pensión que mensualmente recibe un profesor jubilado.
Esta iniciativa es inédita y –entre tanto anuncio espectacular- la opinión pública se podría formar el juicio –absolutamente equivocado- que la indicada Ley favorece a todos los docentes jubilados con pensiones inferiores a $250.000.-
Desgraciadamente no es así, porque la “letra chica” de la Ley –y esta es la que no se dice ni publicita- determina que no son beneficiarios de dicho bono para docentes jubilados, aquellos que han sido objeto de algún tipo de beneficio por retiro voluntario.
Así, por ejemplo, en el año 2008 se permitió (Ley 20.158), que los docentes en edad de jubilar, se acogieran a retiro con un monto de dinero denominado Bonificación de Retiro; lo propio había ocurrido en el año 2004 (Ley 19.933). Otras normas obraron en sentido semejante.
Pues bien, basta que un docente jubilado haya recibido el monto por retiro, para que no tenga derecho al “Bono Especial para Docentes Jubilados”.
Los profesores que se acogieron a jubilación por los ya mencionados cuerpos legales (Leyes 20.158 y 19.993) no tuvieron ninguna posibilidad de optar entre dos alternativas; todos ellos se retiraron para acogerse –de esta forma- al Bono de Retiro Voluntario, por consiguiente y como consecuencia de lo anterior, ninguno de ellos tiene derecho a percibir el Bono de la actual Ley de febrero 2011.
Cabe entonces preguntarse, ¿a quién y a cuántos profesores jubilados beneficia la Ley? Sin lugar a dudas, al mínimo (si hubiese un bienaventurado), a una “inmensa minoría”. No conocemos a ningún docente que se haya jubilado en los últimos ocho años en Los Andes, que pudiera tener derecho al beneficio de la Ley -reiteramos- de febrero 2011.
De todas maneras, si existiera alguna duda frente a esta materia, acerca de la Ley u otra cualquiera, es dable requerir asesoría de Gabriela Fernández Montenegro, del CEPAD; ella sabrá –ilustradamente- cómo resolver las dudas.
En síntesis, las intenciones del Gobierno fueron por un camino; las palabras del mismo más lo legislado, por otro sendero; la Ley transitó por otra huella y los hechos reales – en este caso de los beneficios para los docentes jubilados- fueron por un camino distinto… por lo tanto, cabe preguntarse, ¿por dónde fueron los hechos y beneficios concretos? ¿Qué extraviado trayecto tuvieron los hechos? La Ley –como ningún otro acto honorable- no debería tener “letra chica”.
LUIS GONZÁLEZ REYES
Presidente del Centro de Estudios Para Asuntos Docentes (CEPAD LOS ANDES)
Profesor de Estado en Historia y Geografía
Inspector General del Liceo Maximiliano Salas Marchán de Los Andes
Ex Presidente y Secretario Provincial del Colegio de Profesores
