Concertación de Partidos Por la Democracia
11 de enero de 2011
PARVULARIA, BÁSICA Y MEDIA
I. ANTECEDENTES.
Lograr una educación de buena calidad con equidad para todos los hijos de Chile es un desafío fundamental. La educación es un bien público; es la herramienta más efectiva para asegurar una verdadera igualdad de oportunidades; es el instrumento más potente para hacer florecer los talentos y capacidades de todos nuestros niños, niñas y jóvenes; es el recurso más eficaz para lograr una sociedad más libre, justa, solidaria, democrática y desarrollada.
Para hacer realidad los sueños y esperanzas de las familias chilenas y de sus hijos, se requiere de un proyecto educativo nacional, ampliamente compartido, consistente, coherente y sostenido en el tiempo, pues la experiencia indica que los esfuerzos en materia educativa rinden frutos en el mediano y largo plazo. Construir ese proyecto exige a cada uno de los actores sociales y políticos actuar, no sólo con claridad de ideas y propósito, sino también con una auténtica disponibilidad al entendimiento y voluntad de construir grandes acuerdos.
Es por ello que la Concertación propone medidas de corto y mediano plazo sobre la base de las siguientes prioridades:
1. Fortalecimiento de la Educación Pública.
2. Definición de una Nueva Carrera Docente.
3. Más y Mejor Estado para una Educación de Calidad y Equidad.
4. Aumento de Cobertura y Calidad de la Educación Preescolar.
5. Otras Medidas Urgentes que apuntan a un Concepto más Integral de Educación.
II. CONTEXTO. EVOLUCIÓN EDUCATIVA.
No podemos discutir una reforma educativa, sin reconocer que ésta sólo es factible gracias a lo avanzado en los últimos veinte años, sobre cuyos cimientos buscamos seguir construyendo, en base a la consolidación o profundización de las políticas exitosas impulsadas.1
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Destacan, entre otras: a) El considerablemente -aunque aún insuficiente- aumento en las remuneraciones de los docentes, incorporando incentivos ligados al desempeño; b) La creación de la subvención escolar preferencial (SEP) como una potente herramienta para hacer más equitativo y exigente el sistema educativo, a través de la entrega de mayores recursos contra resultados a los establecimientos que acojan alumnos más vulnerables; c) El importante impulso a la educación pre escolar, aumentando considerablemente su cobertura; d) Los avances en formación inicial de los profesores a través de la exigencia de acreditación a las instituciones de educación superior y los exámenes voluntarios a los egresados de pedagogía a través de la prueba INICIA; e) La implementación de potentes planes de retiro a fin de dar dinamismo a la carrera docente; f) Los importantes avances en materia de extensión horaria e infraestructura que significó la implementación de la jornada escolar completa (JEC); g) Las mejoras en conectividad a través de la extensión del uso de internet mediante programas como Enlaces y Elijo mi PC; así
como en equipamiento escolar (textos y bibliotecas); h) Los avances en materia curricular y de evaluación y transparencia del quehacer del sistema educativo y sus resultados.
En el período precitado ha habido un avance sustantivo en materia de cobertura educacional, incorporándose 1,2 millones de jóvenes al proceso educativo (700.000 en la educación básica y media y 500.000 en la educación superior), lo que ha permitido avanzar en una mayor democratización y equidad de la educación.
Las mejoras en los resultados de aprendizaje en matemática, lectura, ciencias e historia, informados desde 2006 por SIMCE como por PISA, sobre todo de los alumnos que provienen de familias de menor nivel socioeconómico, demuestran el impacto positivo de las reformas impulsadas.
Aún así, asumimos que queda mucho por hacer. Especialmente, hay algunos déficits alarmantes en nuestro sistema educativo que debemos enfrentar con decisión: la persistencia de inaceptables brechas de resultados educativos según el origen social de los alumnos; la debilidad y falta de dinamismo de la educación pública y la persistencia de criterios de mercado por sobre el sentido de bien público en el funcionamiento del sistema educacional. De ahí la necesidad de avanzar en las siguientes prioridades educativas.
III. PRIORIDADES EDUCATIVAS.
Materializar estas prioridades supone necesariamente avanzar hacia un concepto más integral de educación, donde se equilibre adecuadamente la valoración de los resultados de aprendizaje con los procesos educativos, abriendo espacios para albergar a la diversidad de la población escolar.
Al definir el norte y escoger la ruta de entendimiento, consideramos las siguientes prioridades en las que se debe concentrar la agenda educativa del próximo tiempo.
1. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA.
Fortalecer la educación pública, con urgencia, y énfasis en mejoras de calidad, en especial para los alumnos más vulnerables y con mayores necesidades educativas es un imperativo ineludible.
Ponemos énfasis en el fortalecimiento de la educación pública, porque es la única que puede garantizar educación gratuita, pluralista, laica e inclusiva, y por esto aspiramos lograr que tenga la más alta calidad, erigiéndose como el referente del sistema educativo chileno.
No nos puede ser indiferente que en la actualidad sólo el 38% de los niños y niñas que ingresan a primero básico -la mayoría de ellos de familias humildes- lo hagan a una escuela pública, mientras que en 1990 lo hacía un 60%. De mantenerse la tendencia actual, la educación pública, quedará en pocos años reducida al mínimo, representado ello
un importante perjuicio para el país.
Para lograr lo anterior, se debe avanzar a través de múltiples frentes y en un horizonte de tiempo que considere tanto medidas de carácter relativamente inmediato, como otras de mediano plazo que deberán recogerse en una normativa ah-hoc que presente el Ejecutivo en el primer semestre del presente año.
Para que exista una educación pública el Estado debe asumir la responsabilidad, contando con una institucionalidad y financiamiento que sea concordante con lo anterior.
a)Modernización de la Institucionalidad de la Educación Pública.
Para estos efectos entendemos por educación pública, la impartida por establecimientos cuya propiedad y administración es del Estado o sus órganos.
Resulta fundamental modernizar la institucionalidad que actualmente administra la Educación Pública a fin de avanzar hacia un nuevo modelo de gestión que, superando las importantes deficiencias que ha demostrado la municipalización, avance hacia una gestión responsable y de calidad por parte del Estado.
La elaboración de esta propuesta, que deberá incluirse en un proyecto de ley que ingrese el primer semestre del presente año, garantizará la existencia de los espacios y tiempos necesarios para que los distintos actores reflexionen adecuadamente sobre las transformaciones a impulsar, las que, en todo caso, siempre deberán tener presente la
responsabilidad ineludible del Estado de otorgar una educación de calidad a todos y todas proveyendo su adecuado financiamiento.
El Estado debe hacerse cargo de la crisis de la educación municipal y generar una nueva institucionalidad que la supere. Se requiere un nuevo sistema de Educación Pública cuyas modalidades garanticen una educación descentralizada, de carácter público y con alta especialización en la gestión educativa.
b) Adecuado Financiamiento para la Educación Pública.
Se debe modificar estructuralmente el sistema de financiamiento de la educación pública, de manera de ir avanzando a un óptimo que garantice el 100% de los recursos para una educación de alta calidad. En el intertanto debe complementarse el actual sistema de las subvenciones educacionales con aportes basales permanentes del Estado, que cubran los gastos propios de un sistema de administración pública, cualquiera sea la modalidad institucional que lo administre.
Este financiamiento no puede depender exclusivamente de condiciones variables tales como el nivel de matrícula o la asistencia de los alumnos. Contar con un financiamiento base se justifica por la necesidad de contar con una red de educación pública de calidad, extendida por todo el territorio nacional y especialmente en zonas de concentración de vulnerabilidad, que permita garantizar efectivamente el derecho a la educación de todos los chilenos y chilenas y cumplir el irrenunciable deber del Estado de proveer este servicio en cualquier circunstancia.
Como medida de aplicación inmediata es imprescindible establecer financiamientos directos a los actuales administradores de la educación pública, aprovechando para ello alguna de las iniciativas legales en trámite.
c) Congelamiento Nuevos Establecimientos Particulares Subvencionados.
Resulta indispensable evitar que la oferta particular subvencionada siga creciendo desmesuradamente sin que existan evidencias de su demanda ni garantías de su calidad, lo que redunda en una distorsión de trato entre el sector público y sector privado, agudizado por los mayores trámites burocráticos a que está sujeto el sector público.
En este contexto, se propone incorporar en el proyecto de Calidad y Equidad Educativa una norma que, siguiendo esquemas vigentes a nivel internacional, condicione el otorgamiento de la subvención escolar al cumplimiento de tres requisitos copulativos.
El primero, que el establecimiento acredite haber podido funcionar con recursos propios, a lo menos, por dos años. El segundo, que acredite asimismo el cumplimiento de estándares que garanticen la calidad del servicio prestado. El tercero, que demuestre que existe una demanda de matrícula en el sector donde el colegio va a funcionar.
d) Plan de Recuperación de las Escuelas Públicas con pérdida significativa de matrícula, evitando su cierre.
Se propone crear un fondo destinado a otorgar recursos para los establecimientos públicos que tengan una pérdida sustantiva de matrícula. Complementariamente, el MINEDUC dictará un instructivo que establezca, en el período intermedio a la entrada en vigencia del sistema de aseguramiento de la calidad educativa, los criterios a que deberá sujetarse el cierre de establecimientos públicos.
e) Establecer, vía suplementación de ley de Presupuestos, un Programa Concursable de Cargo Fiscal, dirigido a permitir que los establecimientos del sector público que postulen y presenten un programa de acción, puedan con los recursos adquiridos cumplir los estándares de calidad mínimos en materia de infraestructura, docencia y tecnología.
f) Establecer, vía Ley de Presupuestos, un Programa Concursable de Reducción de Alumnos por Curso de cargo Fiscal, dirigido a los establecimientos vulnerables del sector público que deseen innovar en esta materia, sujetos a convenios y a evaluación periódica de los resultados del programa.
Las propuestas contenidas en este punto que no se materialicen vía ley de presupuestos deberán recogerse en un proyecto de ley que el Ejecutivo enviará a más tardar el primer semestre del año 2011.
2. Definición de una Nueva Carrera Docente Fundada en la Dignidad y Calidad.
Debe avanzarse en la definición de una nueva carrera docente basada en el mérito. Que considere etapas de desarrollo profesional; que dignifique a los profesores y profesoras desde el punto de vista de sus remuneraciones, incluidas las de carácter inicial; que incentive a los mejores talentos que egresen de la enseñanza media a estudiar pedagogía;
que garantice oportunidades de desarrollo profesional; valoración social; su permanente entrenamiento pedagógico y formación continua, contando con prueba de habilitación, todo lo cual permita garantizar una docencia de excelencia en el sistema público de educación.
Creemos fundamental que se realice un esfuerzo por continuar con la mejora progresiva de las remuneraciones de los docentes. Resulta también esencial avanzar en la mejora de sus condiciones de trabajo y su capacitación permanente, fomentado sus capacidades para actuar de manera efectiva en el aula, así como el liderazgo pedagógico y de gestión
de los directivos.
Junto con un adecuado financiamiento a la educación pública, una nueva carrera docente es la reforma estructural imprescindible para potenciar la educación pública y la educación de calidad para todos. En este contexto, proponemos:
a) Propender a instaurar la Obligatoriedad de un Examen de Certificación Profesional con Carácter Obligatorio y Habilitante para desempeñarse en el sector educacional subvencionado, mediante el establecimiento de un estándar
mínimo de conocimientos y criterios, tanto pedagógicos como disciplinarios. Este examen debe mantener exclusivamente su carácter habilitante sin que se pretenda a través de él establecer beneficios remuneratorios.
b) Mejorar los mecanismos y criterios de la acreditación de las instituciones formadoras de Docentes. Es indispensable mejorar el deficiente sistema de acreditación existente. Una medida clave para ello es que la acreditación se efectúe
sobre la base de estándares nacionales que permitan la comparabilidad de las instituciones, así como que el proceso de acreditación incluya como base los resultados de las instituciones y programas en el examen de certificación profesional de sus egresados. Asimismo, deberá legislarse sobre el cierre de las carreras de pedagogía que no cumplan con los requisitos de acreditación.
c) Seguir Avanzando en el Aumento de Remuneraciones vinculadas a metas pedagógicas, desempeño en sectores de vulnerabilidad y perfeccionamientos efectivos, que premien e incentiven a los buenos docentes. Para ello debe aumentarse -desde ya- las asignaciones que están relacionadas con evaluaciones de desempeño, como el SNED y la ADVI, creándose una categoría de incremento de esta última para los docentes que se desempeñan en sectores vulnerables. Los incrementos propuestos en los actuales proyectos del Gobierno tienen un alcance limitado en cuanto a número de beneficiarios y no se vinculan a resultados.
d) Perfeccionar la Beca Vocación de Profesor, para que sus receptores adquieran el compromiso de retribución, trabajando en una escuela subvencionada vulnerable, por la misma cantidad de años que haya durado su beca.
e) Aumentar las Horas No Lectivas de los Docentes. Se sabe que una de las variables más críticas para mejorar la calidad educativa es aumentar las horas no lectivas de los profesores, favoreciendo la preparación de clases, materiales de
aprendizaje, y el diálogo y reflexión pedagógica entre los docentes. Esta medida podría implementarse paulatina y gradualmente, partiendo por aquellos establecimientos con una mayor concentración de alumnos vulnerables, y focalizado inicialmente en las áreas de lenguaje y matemáticas.
f) Perfeccionar la Evaluación Docente en base a estándares nacionales, pero de aplicación descentralizada, manteniendo la posibilidad de la comparabilidad y evitando la discrecionalidad del sostenedor y su uso como instrumento meramente
punitivo. Por ello, es incompatible la idea de generar una doble evaluación con efectos en la salida de los docentes de la dotación.
g) Fortalecer el Rol de los Directores, con un sistema más adecuado de selección y con facultades para constituir equipos directivos con mayores remuneraciones vinculadas a obligaciones claras y trasparentes de desempeño. Considerar siempre estímulos para los desempeños en contextos difíciles. La instalación de los nuevos directores debe ir acompañada de un aporte financiero especial que les permita formar su equipo directivo y financiar la puesta en marcha
del proyecto educativo que ellos impulsen. Sólo así la llegada de los nuevos directores tendrá un efectivo impacto en el funcionamiento de las escuelas.
h) Diseñar e Implementar, por parte del MINEDUC, Programas Pilotos de Acreditación de Directivos y de Formación en Liderazgo Directivo a nivel Internacional, considerando los aportes que pueden hacer los propios directores destacados en la formación de líderes educativos.
i) Garantizar mayor objetividad y transparencia en materia de desvinculación, incorporando una regulación adecuada a los procedimientos y tomando los resguardos para evitar que este mecanismo se utilice de forma arbitraria o sesgada por parte de los sostenedores Para estos efectos, el Ejecutivo debe comprometerse a incluir en los actuales proyectos
medidas inmediatas, en especial en materia de asignaciones remunerativas, evaluación docente, mayor objetividad en materia de desvinculaciones y a enviar un proyecto de ley de Nueva Carrera Docente durante el primer semestre del año 2011.
3. Más y Mejor Estado para una Educación de Calidad y Equidad.
La base del desarrollo, en la era de la sociedad del conocimiento, se encuentra en la persona (capital humano), cuestión que requiere de manera urgente que se avance en el fortalecimiento de una educación de calidad con equidad que nos permita materializar el objetivo de un verdadero desarrollo humano.
Si bien avanzar en la consolidación de una educación de calidad con equidad es un imperativo aplicable al conjunto del sistema educativo, ello supone realizar un esfuerzo especial en el ámbito de la educación pública, a fin de evitar que su matrícula siga cayendo de manera sostenida como ha ocurrido en los últimos años.
Sin duda, en la medida que logremos acortar las brechas de aprendizajes existentes hoy entre los alumnos que provienen de distintos niveles sociales, y que aseguremos que todos los niños y jóvenes, independientemente de su nivel socioeconómico, tengan acceso a las mismas oportunidades educacionales, habremos logrado instituir la calidad y
equidad de la educación como un derecho de todos los niños y jóvenes de nuestro país, contribuyendo de manera efectiva a crear una sociedad más inclusiva, cohesionada y con movilidad social.
En esta área existen importantes medidas a impulsar:
a) Contar con una Institucionalidad Especializada de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, con atribuciones claras sobre el conjunto del sistema escolar, que actúe coordinadamente a través de su órgano rector, el MINEDUC, y que tenga potestades suficientes para velar por la calidad de la educación que imparten los establecimientos así como por el uso de los recursos. Supone también que el Estado brinde un apoyo técnico pedagógico que permita equilibrar la intervención en el sistema. Por ello resulta indispensable despachar el proyecto de ley de aseguramiento de la calidad de la educación.
b) Perfeccionar el proyecto de ley SEP II, incluyendo un esfuerzo adicional en materia de incremento de recursos, para lo cual se propone introducir tres modificaciones:
• Que el incremento de la subvención preferencial sea de un 50% parejo para la totalidad de alumnos vulnerables, lo que se implementará gradualmente en los próximos tres años.
• Que en vez de clasificar a los alumnos vulnerables en dos categorías para efectos de aumentar la subvención sólo a los de vulnerabilidad más extrema, se extienda la SEP, en un monto decreciente, a alumnos de clase media, llegando hasta el tercer quintil.
• Incorporar recursos para que gradualmente, en un horizonte de 3 años, el valor de la SEP sea el mismo en todos los niveles (desde el primer nivel de transición de educación parvularia hasta octavo básico), y no que decrezca a medida que se avanza en los cursos, como lo establece la ley vigente.
• Ampliar, gradualmente en un horizonte de 3 años, la cobertura de la SEP hasta cuarto medio.
c) Fomentar la creación o ampliación de los establecimientos públicos para transformarlos en colegios que ofrezcan cursos desde kínder a cuarto medio. Lo anterior en razón de que no es justo ni conveniente que las familias de
mayores recursos tengan acceso a colegios que tienen continuidad entre la básica y la media mientras las familias más humildes deban optar por establecimientos distintos para los distintos ciclos de la vida escolar. Ello acarrea problemas prácticos en el funcionamiento de la vida familiar y limita el desarrollo y la integralidad de la educación pública.
d) Abrir una Nueva Etapa para la Educación Técnico Profesional, donde estudia el 40% de los jóvenes más vulnerables, ligándola a los sectores más dinámicos de la economía y a la modernización de los servicios.
El país no dispone de una política de largo plazo respecto de esta importante rama de la educación media. Sin embargo, existe evidencia suficiente para mejorar esta opción formativa. La principal recomendación es asumir una política de desarrollo de la oferta de educación TP vinculada a estándares de desempeño institucional y a un sistema de aseguramiento de la calidad, que permita apoyar el desarrollo de los establecimientos, sobre la base de planes de mejoramiento específicos y adecuadamente gestionados.
En lo inmediato es urgente lograr un compromiso en:
• Reponer cuanto antes los recursos para mejorar la infraestructura y condiciones para financiamiento de este sector. Lo anterior debe incluir también reponer las becas de prácticas profesionales y los programas de pasantías al exterior rebajados en la ley de presupuestos 2011.
• Equiparar el monto de las becas Nuevo Milenio, destinadas a la Educación Técnica de Nivel Superior, con los montos de las restantes becas universitaria.
• Acelerar el itinerario de definición de estándares institucionales, docentes y de aprendizaje de la Educación Media Técnica Profesional. Sobre esta base apoyar (i) la reconversión de liceos con baja escala o capacidades (ii) la articulación con Centros de Formación Técnica, IP o Universidades (iii) el desarrollo de una oferta flexible, sin “callejones sin salida” (especialidades orientadas a oficios de alta obsolescencia).
• Contar con mecanismos, instrumentos e incentivos que permitan desarrollar una mayor y mejor vinculación con el sector productivo, que permita estructurar una oferta pertinente de especialidades y de los aprendizajes técnicos requeridos por los sectores productivos a los establecimientos técnico profesional.
• Instalar en el MINEDUC una Dirección de Formación Técnico-Profesionalresponsable de asegurar una mirada integrada y coherente para la FTP que articule adecuadamente la prestada a nivel medio con la de nivel superior garantizando su
adecuada inserción con sectores productivos relevantes.
e) Crear un programa especial de incentivo para -al menos- el 5 % de los mejores egresados de enseñanza media de sectores vulnerables para acceder a la educación superior, independientemente de su puntaje en la PSU, subsidiando a las instituciones y otorgando becas con fondos fiscales, complementados con propedéuticos o preuniversitarios financiados por el MINEDUC que apoyen otros caminos de acceso a la educación superior. Complementariamente,
premiar a las universidades que establezcan “cuotas de equidad” que garanticen el ingreso de estos alumnos.
f) Realización de un estudio para determinar el financiamiento requerido para lograr una educación de calidad y que permita cerrar la brecha socioeconómica de aprendizajes. Durante 2011, el Ministerio de Educación encargará y publicará un estudio externo sobre el costo que tiene educar a un niño en distintos contextos escolares (tamaño y dependencia del establecimiento, vulnerabilidad, modalidad educativa, educación intercultural, etc.), el que servirá de
insumo para definir un adecuado financiamiento, su reajustabilidad en el tiempo, y los parámetros que pueden incidir en financiamientos diferenciadas según las características de los establecimientos y sus alumnos.
g) Impulsar Programas de Apoyo Psicosocial en los establecimientos que concentren mayor número de alumnos vulnerables. A este efecto se hace necesario reformular el programa “Habilidades para la Vida”, desarrollado por la
JUNAEB con miras a extender su aplicación de manera gradual a todos los establecimientos públicos con alta concentración de alumnos vulnerables.
4. Aumento de la Cobertura y Calidad de la Educación Preescolar.
Existe importante evidencia empírica que muestra que la educación parvularia hace una diferencia crítica a lo largo de la vida para los niños y niñas de nivel socioeconómico medio y bajo. Acorde a la OECD (2001), un dólar invertido en la primera infancia tiene un retorno de ocho dólares más tarde.
Además, la educación preescolar facilita la inserción laboral femenina, lo que resulta clave para que las familias más vulnerables aumenten sus ingresos. Los niños de sectores medios y bajos de Chile tienen una cobertura de educación preescolar extremadamente baja para estándares internacionales, lo cual en parte explica la también exageradamente
baja participación laboral femenina en nuestro país, que exacerba las desigualdades.
En este contexto, debemos:
a) Seguir Avanzando en la Ampliación de la Cobertura Preescolar, para lo cual se debe aumentar progresivamente, entre los años 2011 y 2014, hasta alcanzar una meta de 55% en los tres quintiles de menores ingresos de la población.
b) Inyectar los recursos necesarios que garanticen la calidad de los servicios prestados reflejada en el cumplimiento de coeficientes técnicos, la adecuada formación de profesionales y técnicos del sector y el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización. Entre los años 2012 y 2014 se incorporarán recursos públicos suficientes para el cumplimiento de este cometido.
c) Enviar, durante el año 2011, un proyecto de ley que modifique la institucionalidad pública en Educación Preescolar. Es fundamental avanzar en el perfeccionamiento y modernización de la institucionalidad vigente en educación preescolar, para que ésta no quede rezagada respecto de las mejoras que se están realizando en otros niveles educativos (creación de la Superintendencia y Agencia de la Calidad).
5. Otras Medidas Urgentes que Apuntan a un Concepto más Integral de Educación.
Debemos superar los enfoques reduccionistas en materia educativa. Las familias esperan colegios con resultados positivos de aprendizajes, pero también donde se enseñen valores y se entregue una visión integral, humanizadora, tolerante y democrática de la vida en sociedad. En esta línea se estima imprescindible:
a) Retirar la Propuesta de Planes de Estudio que redujo las horas de historia, tecnología y artes visuales entre 5° básico y 2° medio, que afecta significativamente los propósitos del currículo respecto a formación ciudadana y la innovación. Complementariamente se propone incluir la educación cívica como asignatura.
b) Reemplazar el sistema de “semáforos” escolares por un sistema de información sobre el resultado educativo de los establecimientos que tome en cuenta sus avances relativos en función del nivel socioeconómico de sus alumnos y no tenga efectos estigmatizadores. Todo sistema alternativo tendrá que garantizar no provocar efectos estigmatizadores.
c) Garantizar que los Programas de Educación Sexual impulsados por el Mineduc para Establecimientos con financiamiento estatal respeten los derechos humanos y garantías constitucionales, impidiendo que se exacerben la intolerancia y la discriminación en contra de minorías sexuales y exigiendo que contemplen todas las alternativas preventivas basadas en la medicina moderna. Asimismo, la elección del programa a implementar en el establecimiento
deberá contar con la participación de la comunidad escolar a través de su respectivo Consejo Escolar.
d) Aumentar la cobertura y presupuesto de los programas públicos para el desarrollo de iniciativas deportivas y culturales a nivel escolar, garantizando que tanto el Consejo Nacional de la Cultura como el Instituto Nacional del Deporte asuman el rol que la ley les mandata y generen los espacios necesarios para el fomento en esta materia.
e) Fomentar la Participación de la Comunidad en la toma de decisiones educativas. Los establecimientos educacionales son instituciones sociales que requieren la participación, el compromiso y el aporte creativo de todos sus integrantes. De ahí que se acuerde:
• Vitalizar el Consejo de Profesores, como un espacio de reflexión, evaluación, y propuesta de los profesores. Los Directores deben oír y acoger los aportes del Consejo de Profesores, estableciendo un diálogo horizontal entre profesionales con distintos roles.
• Dar un Rol más Dinámico al Consejo Escolar en la marcha del Establecimiento, que garantice que estos efectivamente cumplan el rol para el cual fueron creados, permitiendo que los Centros de Padres, Centros de Alumnos, los profesionales no docentes y todos los Asistentes de la Educación lo visualicen como una instancia efectiva para canalizar sus aportes en la marcha del establecimiento.
f) Promover una Convivencia Escolar Tolerante, Inclusiva, Participativa, Pacífica y Respetuosa. Para lo anterior el MINEDUC establecerá programas que incentiven la materialización de estos principios al interior de los establecimientos.
OSVALDO ANDRADE CAROLINA TOHA
Presidente del Partido Socialista Presidente del Partido por la Democracia
JOSE ANTONIO GÓMEZ IGNACIO WALKER
Presidente Partido Radical Social Demócrata Presidente Partido Demócrata Cristiano
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