Ninguna de las Anteriores: Primera aproximación al documento del panel de expertos en educación

Un filósofo que no podía caminar porque pisaba su barba, se cortó los pies.
Alejandro Jodorowsky, “Teoría equivocada”

El pasado 9 de julio, coincidiendo –por simple casualidad- con el término del semestre en el sistema escolar chileno, el “Panel de Expertos para una Educación de Calidad” entregó al Presidente y a la opinión pública el documento “Informe Final: Primera Etapa – Propuestas para fortalecer la profesión docente en el sistema escolar chileno” que, en 90 apretadas y en ocasiones poco cuidadas páginas con vistosas faltas ortográficas como las siguientes: “La aprobación de este examen también se debe extenderse…” (pág. 8); “…cunado quedan calificados en la calificación más baja…” (pág.67); “…para contruir esta gráfica (…) el sueldo después de 15 años de esperiencia…” (pág. 79), que, desde el punto de vista formal, resultan paradójicas en un documento oficial, elaborado por profesionales -entre ellos ex Ministros de Educación- “para una educación de calidad” y que espera convertirse en una especie de carta de navegación acerca del tema, el que, con mucho “cortar y pegar”, presenta el fruto de las reflexiones de este grupo de “expertos en educación”, experticia que para la mayoría de sus integrantes tiene que ver más con aspectos vinculados a la economía que a la pedagogía.

Como en un filme por entregas, este “Informe Final: Primera parte” y, tratando de dejar de lado las ironías, aborda tres aspectos para fortalecer la docencia en la educación chilena: “Formación inicial docente”, “Carrera docente” y “Docentes directivos”, prometiendo una segunda parte de la saga que contendrá una revisión de la institucionalidad respectiva.

Estos temas, sin embargo, no abordan aspectos tales como el qué, porqué, cómo y para qué de la educación, definiciones básicas y esenciales en una propuesta que pretende constituirse en la columna vertebral del sistema educativo chileno. Como el sabio del microcuento “Teoría equivocada” de Jodorowsky, pienso que seguir imputando todos los males de la educación y todas las falencias del sistema a los docentes, constituye una visión errada, parcial y claramente malintencionada que trata de eludir las responsabilidades de los verdaderos culpables de la creación y mantenimiento del estado actual del sistema, me refiera a las personas e instituciones que, en la complicidad de la imposición no dialogante ni reflexiva de los adoradores del mercado como único referente, han llevado, con la municipalización y la concepción de “libertad de enseñanza” como oportunidad de lucro, a la más injusta de las desigualdades: la de tener una educación que sólo reproduce el microcosmos socioeconómico del estudiante que accede a ella, como un “cliente” y no como un ciudadano con igualdad práctica ante la ley y la vida.

Como en una prueba estandarizada tipo SIMCE o PSU, creo que la respuesta más apropiada al documento sería “Ninguna de las anteriores” ya que, a mi modesto parecer, la forma más efectiva de fortalecer la profesión docente y todo el sistema educativo en el país pasa por una concepción de éste como lo que siempre fue: un Bien Público y derecho inalienable y no una prestación (“servicio” en el sentido neoliberal del término), claramente la connotación con que se aborda en el documento.

Aunque no pretendo aquí reseñar el texto, el panel de especialistas propuso reestructurar la oferta de las carreras de pedagogía en las universidades. En este ámbito las mayores exigencias -en materia de puntajes de corte y acreditación- se articulan con mejores perspectivas de ingreso para los futuros docentes. No obstante, en comunicación los silencios también son importantes y el documento es rico en ellos: no dice una palabra acerca de la Educación como un Derecho ni cuestiona el Rol subsidiario del Estado con la llamada “libertad de enseñanza” -que se ha transformado en “libertad para lucrar”- limitándose a describir la situación actual de la formación de profesores con datos acerca del aumento considerable de estudiantes de pedagogía en instituciones que ofrecen esta carrera con escasa o incluso sin acreditación, como creo sucede en nuestra misma ciudad -aunque eso ya es tema de otro artículo-, señalando que la mayoría de “los estudiantes entra a ellas con bajos puntajes”, sin mencionar siquiera que ello sucede porque el Estado se desentendió, entre otros temas, de la Educación y que el sistema de municipalización y de financiar a empresarios privados (“sostenedores”) con fondos estatales fue implementado, organizado y fomentado bajo la tutela o al menos con el apoyo entusiasta de algunos de estos mismos conspicuos miembros del panel de expertos, socios, directores o dueños de colegios y cadenas de establecimientos “particulares subvencionados”…

En relación a “una carrera docente renovada”, el panel sugirió flexibilizar la evaluación de los profesores, descentralizándola, haciéndola más frecuente y relacionando sus efectos con salarios y otras compensaciones económicas. Sin embargo, los argumentos principales van dirigidos a justificar uno de los objetivos estratégicos de la acción gubernamental en la materia: el término o reemplazo -“profunda reforma”- en palabras del panel- del Estatuto Docente por una carrera docente que, en la práctica, significa el desconocimiento del estatus profesional del profesor y que da pie a que su labor pueda incluso ser realizada por otros profesionales no pedagogos, posibilidad que contempla la Ley General de Educación (LGE). Aquí, los silencios más notorios dicen relación con que los expertos del panel, aunque reconocen que debería haber una reestructuración del porcentaje de horas lectivas respecto de las no lectivas que realiza cada docente, señalan que “no hay evidencia suficiente que indique que aumenta la calidad de la educación con un menor número de estudiantes por curso”, lo que, evidentemente, significa una mirada con clara intención economicista y que puede ser desmentida con solo observar las estadísticas al respecto de los países miembros de la OCDE , en las que Chile ocupa claramente el último lugar.

Actualmente, la proporción “oficial” en Chile de horas lectivas v/s no lectivas es de un 75% horas en aula por 25% de horas para planificación, preparación de clases, materiales didácticos, elaboración y revisión de evaluaciones, además de atención de apoderados y otras tareas administrativas). Estudios del OPECH señalan que el porcentaje efectivo es 87/13 y que, en promedio, un profesor chileno debe realizar el 30% de su trabajo en los aspectos señalados en casa, en su horario “de descanso”, porque el tiempo para ello es francamente insuficiente y muy distante de los porcentajes que, en este mismo punto, ostentan otros países considerados por Chile como modelos, como los de la Unión Europea, en que esta proporción es del 40% para trabajo de aula y 60% para formación curricular, investigación y preparación de clases. En cuanto a la cantidad de alumnos por curso, en el sector municipalizado y particular subvencionado, en que prima el concepto económico de “mayor beneficio a menor costo”, el promedio de alumnos con que debe trabajar cada docente es de 40, mientras en países considerados desarrollados esta cantidad llega a la mitad: estos antecedentes objetivos son sistemáticamente ignorados o desestimados por estos expertos y por todos los especialistas en las reformas y ajustes a la educación chilena, formando parte de este gran conjunto de silencios que dicen mucho.

En relación a los Directores, el documento señala la necesidad de otorgarles mayor autonomía y atribuciones en la selección de sus docentes, equipos de trabajo y en la evaluación de éstos, vinculando sus índices de desempeño a financiamiento para sus escuelas y asignaciones monetarias para ellos. En estos procesos, los expertos del panel sugirieron que los directores no formen parte de la carrera docente y que sean regidos por el Código del Trabajo, abriendo la posibilidad cierta de que para ser director de colegio no sea necesaria la condición de profesor: ¿se espera acaso contar con gerentes en lugar de docentes directivos? Y, por supuesto, evaluados todos estos procesos por las “agencias de calidad”, instituciones externas que forman parte de la nueva arquitectura educativa que se discute en el Congreso.

Como una primera reacción a la lectura del documento, me queda la sensación de que se sigue defendiendo lo indefendible: con esa óptica, la educación se sigue concibiendo como negocio, como la encargada de producir mano de obra (semi)calificada y barata. Con las medidas propuestas por estos expertos, mejorará la educación como empresa productiva, a costa de todos sus actores, pero no mejorará ni asegurará su calidad, sino que, lamentablemente, profundizará las desigualdades que se han venido instalando todos estos años.

No nos conformemos con las alternativas presentadas en esta especie de SIMCE perverso que se nos plantea. Bien vale la pena analizar detenidamente el documento en cuestión y exigir su debate desde las comunidades educativas completas y en particular desde los profesores, los grandes excluidos hasta ahora de todo este proceso (aunque el texto haga referencia, entre otras fuentes, a la Mesa de Trabajo sostenida entre el Ministerio de Educación y el Colegio de Profesores del año 2008) para presentar una propuesta pedagógica y democrática que señale claramente: “Ninguna de las anteriores”.


Francisco Rodríguez Arancibia
CEPAD