martes, 11 de junio de 2013



       Municipios y Desmunicipalización de la Educación
PARCIAL VARIANDO A NUBLADO

Luis González Reyes
Presidente Centro de Estudios Para Asuntos Docentes
CEPAD

En 1981 se iniciaba la llamada Municipalización de la Educación Fiscal. A ese y otros cambios estructurales –así por ejemplo la creación de las A.F.P.- se los denominó, por el gobierno de la época, “modernizaciones”. Como se diría en jerga vaticana, “aggiornamento”.

Las razones esgrimidas para dicho proceso fueron variopintas, siendo la principal de ellas el descentralizar el servicio educativo fiscal, asignándole dicha función a las municipalidades, para cuyo efecto se les traspasaba la administración de los colegios, dada la mayor cercanía de ellas con estos. Se creía, ¡¡Oh, los actos de fe!! que ello permitiría que los municipios pudiesen cautelar mejor tanto la estructura como las necesidades de los centros educativos y su entorno.
Se argüía, además, que mejoraría la calidad de la educación, esperándose ¡¡oh, los actos de esperanza!! que, con ello, los caminos de la educación fueran más eficientes y placenteros.

En lo principal, la municipalización trasladaba la función educativa del Estado hacia los individuos, sus familias y el mercado; en suma y resumen, finalizaba el Estado Docente y de Compromiso para ser sustituido por el Estado Subsidiario.

Ante ello, le Iglesia Católica, mediante el documento “El educador, servidor de la vida”, criticó el traspaso de los establecimientos públicos a las municipalidades y corporaciones, expresando que dicho proceso, “haría bajar la calidad de la educación y no evitaría el lucro”. Corría 1986 y, en ese mismo año se traspasaban los centros educativos de nuestra ciudad; los docentes –para oponerse a ese proceso- crearon el Frente de Defensa de la Educación Pública, organizaron protestas y marchas -contando incluso con la presencia del Obispo de Aconcagua, Manuel Camilo Vial Risopatrón- convocaron a un plebiscito, en el cual el 97% de los votantes se pronunció en contra de la municipalización. En esa lucha destacó la figura señera del Profesor Pedro Barrera Quezada.

Transcurridos ya 32 años del inicio de la municipalización, ante el altar de la educación han oficiado todo tipo de chamanes e ilusionistas. En este tiempo casi todo se ha modificado, se han creado normas, leyes e instituciones (la gran mayoría con sus respectivas siglas) tales como Ministerio de Educación (MINEDUC), JEC (Jornada Escolar Completa), Nuevo Currículum, Superintendencia de Educación (Supereduc), Agencia de Calidad, Evaluación de Desempeño Docente, SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad Educativa), Consejos Escolares, Facultades Delegadas, Nuevas Prácticas Pedagógicas, AEP (Asignación de Excelencia Pedagógica)… algunas que se olvidan como Bono SAE, Ley de Calidad y Equidad de la Educación (propiciada por el Senador Ignacio Walker y Joaquín Lavín) –y que permite, entre otras medidas, que los Directores no sean Profesores- solo por mencionar algunas, dentro del frondoso pero no frutal árbol educativo. Lo único que permanece intocado y casi inalterable es, por una parte, la municipalización y, por otra, la crisis de equidad cuya manifestación es un sistema segmentado y discriminatorio, que además considera la educación solo desde el punto de vista de resultados cuantitativos, -olvidando entre otras cosas- que es un medio de inclusión social. Ello acontece –y no es porque la municipalización no haya sido criticada desde hace más de 25 años y, prácticamente desde su inicio que el Magisterio pide su anulación, dado que el Estado Subsidiario ha modificado los objetivos finales de la educación, pensándose e intencionando que basta capacitar a los jóvenes, adicionándoles “capital humano” enfocado solo al ámbito económico como mero productor y consumidor, para que seamos una fotocopia infeliz del Edén.
Todos los estudios, tal como los del Comité Asesor Presidencial de 1994 hasta el Panel de Expertos del 2011, han solicitado el cambio de la municipalización, ello no significa –como algunos lo distorsionan- que toda la Educación deba ser totalmente estatal. Eminentes académicos y líderes espirituales se han pronunciado en el mismo sentido, como el ex Rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros, quien ha expresado que “es necesario revisar el proceso de municipalización, que ha dado malos resultados” (Revista Occidente Nº 424).

El Alcalde de Los Andes, Mauricio Navarro, en el diario La Tercera del 17 de julio de 2011, expresaba: “No me parece que los colegios sean de administración municipal, porque hay mucha desigualdad en las comunas”. Sin embargo, en Radio Biobío –y su correspondiente página web www.biobio.cl- el 25 de mayo de este año hablando, no se sabe si a nombre propio o de otros alcaldes, expresa: “La mayoría de los alcaldes concuerdan en potenciar el sistema y no optan por la desmunicipalización”. Es su derecho –si así ha sido- cambiar de opinión, después de todo nadie quiere perder poder, pero es necesario puntualizar que la municipalización es ilegítima en su origen, resultado de una imposición y no de un consenso; que no produjo los beneficios que prometió; que agudiza las desigualdades; que atomizó municipios sin capacidad de gestión en Educación; que, como muestra la experiencia internacional, el financiamiento subvencionando por alumno solo tiene un incentivo complementario, pero habiéndose garantizado antes un piso suficiente; pero, sobre todo, ha producido una educación que integra a los jóvenes solo al mundo laboral, lo que Martha Nussbaum llama la “lógica de la rentabilidad”.

Si se decide optar –como puede parecer legítimo- por continuar con la municipalización de la educación, no se diga después que los aportes municipales a ella impiden mayor “gasto” social de dichas instituciones. Reformar el sistema es como poner vino nuevo en odres viejos, lo que se requiere es cambiar estructural e integralmente el sistema educativo.


Luis González Reyes (*)
Presidente de CEPAD
Centro de Estudios Para Asuntos Docentes Los Andes
http://cepad.blogspot.com



(*) LUIS GONZÁLEZ REYES es Profesor de Historia y Geografía, ex Director A.F. y ex Inspector General del Liceo Maximiliano Salas Marchán de Los Andes, ex Director Instituto Agrícola Pascual Baburizza, ha sido miembro elegido democráticamente del Consejo Económico y Social de Calle Larga (hoy Consejo de Organizaciones Civiles), dos veces Presidente y dos veces Secretario Provincial del Colegio de Profesores, Tesorero de la Liga Protectora de Estudiantes, Vicepresidente de Cooperativa de Servicios Solidarios Regional Aconcagua, Presidente y fundador de CEPAD, galardonado como Andino Destacado por la Municipalidad de Los Andes en 2012, agudo escritor y orador, ha publicado infinidad de artículos, ensayos y discursos sobre educación, medio ambiente y otros temas en la prensa local y en numerosas reuniones, charlas y conferencias en distintas organizaciones.

domingo, 9 de junio de 2013

CONSTITUCIONES: MÁS QUE CUATRO PAREDES




Algunos de los precandidatos y precandidata presidencial, han manifestado su opinión, en el sentido de elaborar una nueva constitución, aduciendo razones en cuanto al origen y génesis de la actual Carta Fundamental, asimismo, su marcado sentido de privilegiar a sólo dos bloques políticos; su difícil, por no decir imposible reforma, y otros aspectos.  Algunos sectores políticos se oponen a una nueva constitución esgrimiendo, entre otros motivos, la estabilidad, en el sentido en  que ellos quieren entender dicho concepto.
La opinión y reflexión que hago –en torno al tema enunciado- no es de orden político,  y se trata más bien de un breve bosquejo pedagógico – docente, acerca de la forma, los procedimientos y qué actores han participado en la elaboración de las constituciones que han sido más duraderas en el tiempo. Al examinar con verosimilitud las fuentes históricas, se desprende que, en ninguna ocasión la ciudadanía, la civilidad, los movimientos sociales –como se diría hoy- han participado plenamente y más bien dichas constituciones –la de 1833, 1925 y 1980- fueron realizadas entre cuatro paredes y casi como una pintoresca tertulia entre amigos.
La Constitución de 1833, en su inicio tuvo como origen, sólo reformar la anterior, a saber la de 1828, para ello se creó una Gran Convención, integrada por dieciséis diputados, cuyos nombres fueron recomendados por el Presidente José J. Prieto al Congreso, se sumaba a ellos un grupo de veinte ciudadanos “de mucha probidad e ilustración” los que fueron nominados por el Ministerio. Entre dichos ciudadanos –y cito el dato como anecdótico- se destacaba Juan F. Meneses Echanes, personaje casi novelesco; primero realista, luego sacerdote y finalmente patriota, fue Secretario del Gobernador García Carrasco, Diputado por Aconcagua y Cura Párroco de Los Andes.
Como es posible deducir, de los treinta y seis ciudadanos que participaron en la elaboración de la Constitución, ninguno fue elegido “por los pueblos”, no existió, por tanto, ningún acto de soberanía popular, al revisar los nombres de los ciudadanos aludidos, todos ellos eran miembros de la élite política de la época.
La Constitución fue promulgada y jurada por las diversas autoridades, en las Capitales de Provincia los Gobernadores convocaron a las Fuerzas Armadas, los vecinos y el pueblo para presenciar la ceremonia de juramento. (F. Encina).
Dos sombras se proyectaron sobre la Constitución de 1833, la primera –como se ha probado- la ausencia absoluta de la gente común y corriente y en segundo término, la sombra del Ministro Diego Portales, el que en 1834 expresaba “A esa señora Constitución hay que violarla cuando las circunstancias sean extremas, y qué importa cuando la parvulita lo ha sido tanto por su inutilidad”.
A confesión de parte relevo de pruebas.
La Constitución de 1833 preveía un sistema para su reforma, sin respetar ese, se inicia en 1925 el estudio de una nueva carta, para ello mediante Decreto se nombra una Comisión Consultiva integrada por doscientas personas, cabe destacar que se nombra y no se elige, a su vez para obtener un traje a su medida, el Presidente Arturo Alessandri Palma presionó a la Subcomisión encargada de redactar la Carta, siendo esta sometida a plebiscito y pronunciándose la ciudadanía con una de las tres cédulas creadas para el efecto. En la votación el 52% no votó y se abstuvo, ¿Qué legitimidad de origen pudo tener dicha consulta, si la ciudadanía que no participó superaba a quienes sí lo hicieron?
Nuevamente –y como en 1833- el poder constituyente de la ciudadanía no fue convocado ni se expresó, aunque esto se pudo haber hecho incorporando a la Comisión Consultiva a personas que habían formado parte de la Asamblea Constituyente de Trabajadores e Intelectuales, que había sesionado en marzo de 1925.
La Constitución de 1980 deviene de una situación de fuerza, inexistencia y limitación de varias libertades públicas, sin Congreso ni partidos políticos, y censura de entidades gremiales. En su elaboración se obvió que el poder constituyente reside en el pueblo y la nación, siendo ese reemplazado por Comisiones cuyos miembros fueron nombrados por el Ejecutivo. Fue consultada la ciudadanía, mediante voto sin existir siquiera la garantía de Registros Electorales.
Ha sido débilmente modificada, la última vez con la firma del Ex Presidente Ricardo Lagos E., quien cometió un error histórico al expresar  en dicha oportunidad “que era una Constitución para el siglo XXI”.
Si debe existir una nueva Constitución, debiese incorporar elementos de multietnicidad, derechos y garantías de cuarta generación, mayores instancias de participación plena, abierta, es decir democrática. Una Constitución no cambia todo, podrá modificar –como indica Octavio Paz- el régimen político, pero no cambia el tipo de sociedad.
Si dicho cambio prosperara, debiese ir acompañada de medidas complementarias, destinadas a superar, entre otras cosas, una desigualdad inmoral y otras carencias estructurales en nuestro ordenamiento. Para ello tiene fundamento el llamamiento a una Asamblea Constituyente con participación dialogante y que exprese los distintos puntos de vista de una amplia ciudadanía.
Una nueva constitución no nos devolverá el Paraíso Perdido ni a una Edad de Oro ni tampoco a una Sociedad Perfecta, pero sí debiera ampliar el horizonte ciudadano desde una democracia que es sólo política a una democracia social.

                                                                                              Juliet C. Turner Araneda
                                                                                   Profesora de Historia y Geografía
                                                               Integrante Centro de Estudios Para Asuntos Docentes (CEPAD)

miércoles, 16 de enero de 2013

Karla Vargas, estudiante del Liceo Max Salas, es integrante de CEPAD

La historia de sacrificio de la estudiante "maxsalina" que obtuvo puntaje nacional

Karla Vargas es una esforzada andina que estudiará Derecho gratis gracias al esfuerzo de años de estudios, que le valieron el puntaje nacional en la PSU.

Su madre es temporera y debía madrugar para trasladarse desde el campo al liceo. Ahora quiere estudiar derecho y decidirá entre 3 casas de estudios.


LOS ANDES.- Fue la única estudiante de un liceo municipal que obtuvo puntaje nacional en la región de Valparaíso; alcanzando los codiciados 850 puntos en la prueba de selección universitaria de Historia.

Doble mérito, para Karla Fernanda Vargas Arancibia pues su historia encierra mucho sacrificio; pues durante años, debió madrugar para viajar desde el sector de Primera Quebrada, en el camino Internacional, hasta Los Andes, para llegar hasta el Liceo Municipal Max Salas Marchant, donde estudió desde séptimo básico y salió de Enseñanza media con un promedio 6.7.

Además, en su hogar viven solamente mujeres: su madre, que trabaja como temporera para sustentar a su familia, su abuela y su hermana, logrando todo a punta de esfuerzo personal.

"Siempre había que llegar temprano al colegio, porque donde vivo pasa la locomoción cada una hora. Fue complicado, pero valió la pena. Existió un grupo de docentes que siempre me apoyó, entre ellos, el profesor Francisco Rodríguez, quien me guió siempre en este camino y como persona", confesó Karla a "El Observador".

No obstante, sabe que su mérito radica en ser una persona de esfuerzo, tanto así que una vez egresada, comenzó a trabajar en un restaurante como garzona y así juntar dinero para costearse los estudios; aunque reconoce que sólo es un caso entre varios, de jóvenes que día a día hacen más que sólo estudiar y además les va bien en el colegio.

Por lo mismo, ella espera que algún día la PSU no sea el mecanismo para la admisión de las universidades. "No es un medio, es un fin, es un sistema que segrega a los alumnos ya que hay muchos que se esforzaron igual que yo y que a lo mejor no tuvieron un buen puntaje, pero sí se merecen toda la felicidad y todo el orgullo de la gente".

"Espero que se acabe la PSU en algún momento. Sólo les digo a los que tengan que rendirla en el futuro que no sea lo máximo de su vida, sino que la posibilidad de estudiar lo que quieren", aconseja finalmente esta destacada joven, que estudiará Derecho y ahora deberá optar por cuál universidad le conviene más.

Casa Matriz
La Concepción 277. Casilla 1 - D.
Quillota, V Región, Chile.

 

lunes, 14 de enero de 2013

Titularidad para docentes a contrata


El pasado jueves 10 de enero, la Sala de la Cámara de Diputados declaró finalmente admisible, en su sesión 124, el proyecto que renueva la Ley 19.648 de 1999, sobre acceso a la titularidad de los docentes a contrata en los establecimientos educacionales municipalizados, que previamente había sido declarado inadmisible por la Mesa. CEPAD, que ha estado presente en este proceso, quiere compartir con la comunidad de Aconcagua lo siguiente:
¿Qué importancia tiene esta moción parlamentaria?
                Para dimensionarla en su justa medida, aclaremos algunos antecedentes:
Los profesores, de acuerdo a la Ley, pueden ingresar al sistema educativo municipal por alguna de las siguientes dos vías:
1.       Mediante postulación a Concurso Público convocado por el Sostenedor (Municipalidad) y, hoy, en vigencia de la Ley 20.501, con participación de la Alta Dirección Pública. Quien gane el concurso accede a la Titularidad de las horas ofrecidas.
2.       En calidad “a contrata”: Mediante un acto administrativo de nombramiento, para prestar servicios transitorios, experimentales, optativos, especiales o de reemplazo; este nombramiento generalmente es de 1 año, terminando cada diciembre y dándole derecho a pago de sus vacaciones durante enero y febrero siguiente.

La Ley señala como tope máximo de horas a contrata el 20% de la dotación de docentes de una comuna, contemplando multas consistentes en retenciones de subvención a los municipios que excedan este porcentaje por parte de las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación.

 Lamentablemente, en la práctica estas disposiciones no se cumplen: la gran mayoría de los municipios del país tiene en calidad de contrata a más del 20% de sus profesores, siendo que la mayoría de ellos realiza labores docentes permanentes, es decir, que deberían ser sometidas a concurso para que se pueda acceder a su titularidad. Por otra parte, las retenciones de subvención no son aplicadas, todo lo cual somete a los docentes a una situación de enorme inestabilidad e injusticia ya que, a pesar que lleven prestando servicios por varios períodos, cada fin de año constituye un motivo más de incertidumbre, al no saber si contarán nuevamente con su trabajo y al no poder acceder, por ejemplo, a antigüedad funcionaria, pago de indemnizaciones, perfeccionamiento y vivir el drama de no ser sujetos de crédito ante instituciones financieras para optar, por ejemplo, a un crédito de vivienda, entre otras situaciones de desmedro que constituyen abiertamente una discriminación social.
En dos ocasiones, la Ley ha pretendido dar alguna solución a este problema. El que se haya acogido a discusión nuevamente es una señal de su vigencia e importancia. Lo que se ha declarado admisible es la posibilidad de que se renueve la Ley 19.648 del año 1999 que, en su artículo único, señala:
“Concédase, por única vez, la calidad de titulares de la dotación docente dependiente de un mismo Municipio o Corporación Educacional Municipal, a los profesionales de la educación parvularia, básica o media que, a la fecha de esta ley, se encontraren incorporados a ella en calidad de contratados y que se hayan desempeñado como tales en la misma durante, a lo menos, tres años continuos o cuatro años discontinuos, por un mínimo de veinte horas cronológicas de trabajo semanal”.

Haciéndose eco de la gravedad del problema, el Directorio Regional Valparaíso del Colegio de Profesores realizó los contactos con algunos parlamentarios para que se allanaran a abordar algunas alternativas de solución. Es así que se contó con un transversal consenso que llevó a que se presentaran en primera instancia dos mociones similares al respecto, del Senador Francisco Chahuán en el Senado y de 11 diputados de todas las tendencias, encabezados por los diputados Rodrigo González y Aldo Cornejo, en la Cámara de Diputados, siendo esta última la que, tras un primer rechazo, fue admitida a discusión en la Cámara.

La posibilidad de que se renueve esta ley es solo una de las alternativas que estudiará el parlamento, aún queda un largo proceso de tramitación, pero con el apoyo de los profesores y la comunidad, esperamos que llegue a convertirse en una medida que otorgue justicia a tantos docentes que viven año tras año en la inestabilidad laboral.

En la zona, el Directorio de CEPAD se reunió con el Diputado Gaspar Rivas para analizar el tema y pedir su apoyo a la moción. El parlamentario por Aconcagua se sensibilizó ante el problema y cumplió en la sesión de la Cámara su compromiso de votar favorablemente la admisibilidad de la propuesta, que fue presentada por el diputado Rodrigo González y respaldada inicialmente por 10 diputados más de todas las tendencias políticas. El otro parlamentario por la circunscripción 11 (Aconcagua), pese a los intentos que hemos hecho para comunicarnos, no ha respondido aún a nuestra petición de entrevista, aunque se sumó en la Cámara a votar la admisibilidad de la moción.

Como organización autónoma de interés público, CEPAD ha estado presente en este proceso y se hace el deber de informar a los docentes y a toda la comunidad del comienzo de esta importante iniciativa parlamentaria.

Vinculada a la moción ya dicha, en el Senado se había presentado un proyecto tendiente a mejorar la situación contractual de todos los funcionarios públicos a contrata; entre otros, lo apoyaban los Senadores Lily Pérez, Camilo Escalona y Mariano Ruiz Ezquide. En lo principal, la moción tendía a disminuir los despidos injustificados, solicitando para ello prorrogar los contratos a honorarios y contrata hasta el 31 de marzo de 2014 y, convertir automáticamente las prestaciones a honorarios en servicios a contrata si superaban los doce meses. Este proyecto fue desechado porque es materia exclusiva de iniciativa de ley del Ejecutivo.

Creemos necesario dar a conocer a la ciudadanía proyectos como el que presentamos en este artículo, destinado a otorgar titularidad y con ello estabilidad laboral a los docentes y a todos los funcionarios públicos. Por ello, también adherimos a la preocupación manifestada por los funcionarios municipales de Los Andes en su declaración pública respecto de otro proyecto de ley que vulnera los derechos sindicales y laborales de los funcionarios municipales, ya que pretende establecer reformas al estatuto administrativo, proponiendo entre sus medidas justamente lo contrario a lo admitido a discusión por la Cámara de Diputados respecto de los docentes, esto es, eliminar el límite porcentual de personal a contrata, lo que seguiría profundizando la inestabilidad laboral y podría prestarse para que estos puestos de trabajo fuesen ocupados por personas afines al pensamiento político de las autoridades de turno, lo que podría dar lugar a la politización y tráfico de influencias, llenando el espacio de las dotaciones municipales con “operadores políticos” más que con servidores públicos profesionalizados en prácticas que no se condicen con una gestión pública basada en los principios de la transparencia y la probidad.


Gabriela Fernández Montenegro
Presidenta
y Directorio CEPAD
14/01/2013

sábado, 19 de mayo de 2012

CEPAD da a conocer vicios legales en Concurso de Directores de cinco colegios andinos



Gabriela Fernández Montenegro, Presidenta del Centro de Estudios Para Asuntos Docentes de Los Andes, dio a conocer hoy a la prensa local, algunos de los vicios legales detectados en el análisis realizado por CEPAD al Concurso para Directores convocado por la Dirección Municipal de Educación de Los Andes a fines de septiembre 2011.

Entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre del año 2011, la Municipalidad de Los Andes convocó a concurso público de antecedentes para proveer el cargo de director en 5 establecimientos de la Comuna: Gabriela Mistral, John Kennedy, José Miguel Carrera, Rio Blanco y Liceo Max Salas (único Liceo de Excelencia de la comuna).
El resultado fue el siguiente: 4 escuelas básicas con directores titulares y Liceo Max Salas declarado desierto por no existir postulantes aptos.
Con fecha 15 de Marzo del 2012, 2 postulantes a dirección del Liceo Max Salas presentaron por escrito ante el Municipio Andino solicitud de invalidación, en consideración a una serie de vicios que afectaron dicho concurso.
Algunas de las irregularidades detectadas:
1.- Constitución de comisión calificadora según normativa docente DEROGADA. En efecto, las comisiones calificadoras de los 5 concursos fueron formadas por 5 miembros, tal como lo establece el antiguo artículo 31 bis del estatuto docente y no por 3 miembros como lo dispone la Ley de Calidad y Equidad de la Educación, publicada en Febrero 2011. Dicha Ley indica que la nueva integración de las comisiones calificadoras de concurso docente comenzará a regir desde la dictación de su reglamento, cuestión que ocurrió en Junio del  año 2011, es decir antes de los llamados a concurso. De hecho en la página del Ministerio de Educación aparece claramente un instructivo dirigido a los jefes de daem, en el que se da cuenta de: la nueva reglamentación y una explicación paso a paso de los nuevos procesos de selección docente.
2.- La nueva reglamentación indica que antes de la publicación de las bases concursales, el jefe DAEM debe elaborar un perfil del docente que se requiere, perfil que luego debe ser aprobado por el sostenedor y publicado en las bases, junto con las remuneraciones estimativas que se cancelarán a los ganadores. Estas exigencias tampoco se cumplieron ya que como dijimos, el Municipio aplicó una normativa anacrónica en la que no figuran estas exigencias. Por lo demás, no podemos corroborar su existencia real, ya que el Municipio según el Consejo para la transparencia, no cumple con la ley de transparencia más que en un 29,28% de lo requerido. (Actualmente se está tramitando un procedimiento de amparo ante el Consejo de transparencia).
3.- Aún en el evento de ser exacta la normativa aplicada por el municipio, según el testimonio (suscrito ante notario) por 2 miembros de la comisión calificadora de uno de los concursos, en la última etapa estuvo presente en la comisión, un personero de exclusiva confianza del alcalde (administrador municipal), quien además interrogó a los concursantes y evaluó.
La semana recién pasada se recibió (fuera de plazo y después de certificarse el silencio administrativo) la contestación del municipio, ante la denuncia de los vicios. El escrito, además de nulo contenido jurídico y ponderación de las pruebas rendidas, afirma:
“Solo se observa un tema de falta de tolerancia a la frustración que deberá resolver por otra vía, no siendo competencia de esta corporación atender este tipo de problemas de nuestros funcionarios”
En otro párrafo, respecto a la evaluación de conocimientos relevantes: “….  Temas que personas que se jactan de una (sic) conocimiento destacado, de una trayectoria de muchos años en nuestros establecimientos educacionales, no pueden menos que conocer, a lo menos en forma general “…
Esta cita se contrapone a los anteriores  dichos públicos del Alcalde de Los Andes (constan por escrito en acta de consejo de profesores Liceo Max Salas) respecto del concurso en comento: “El señor alcalde expresó ante el consejo, su molestia por el actuar de la comisión y que presentaría una queja por la desconfianza, no claridad y no reconocimiento a la trayectoria profesional de los participantes del concurso….”, razón por la cual él mismo le había sugerido al ex Director Carlos Sánchez, quien había participado del concurso, que impugnara el proceso.
… en otro párrafo de la contestación:..“Qué decir de los resultados sicológicos, misma razón por la que no se hicieron públicos, definitivamente en resguardo de la dignidad de los concursantes, en particular los considerados como no aptos….”.
Dicha contestación finaliza diciendo que los nuevos concursos se llamarán de conformidad con la ley vigente (misma que incumplieron en los 5 llamados a concursos anteriores y que ya estaba vigente en esa época.)
Consideramos que este es un tema muy sensible, sobre todo si calculamos el desembolso económico que significará al municipio enmendar la situación en los cuatro establecimientos en donde se eligió director titular; justamente en un momento en que la Contraloría General de la República ha hecho público su informe de fiscalización de los recursos SEP, figurando Los Andes, con gastos improcedentes por un monto superior a los 174 millones de pesos.
Y en relación al concurso declarado desierto “porque ninguno de los postulantes alcanzó el mínimo de puntaje exigido en las bases”, el menoscabo a la honra profesional de los concursantes, docentes directivos que han demostrado largamente su experticia profesional,  liderando procesos que han llevado al Liceo Maximiliano Salas Marchán –precisamente en el período de gestión de los postulantes (el ex Director y la Jefe de UTP del establecimiento) a la obtención del reconocimiento del Liceo como “Liceo Tradicional” y “Liceo Bicentenario de Excelencia”, por el sostenido aumento de sus estándares académicos.

En la exposición a la prensa estuvieron presentes: las profesoras Palmira Ramos y María Teresa Rodríguez (participantes de los concursos públicos denunciados), Verónica Chávez y Cecilia Serey (ambas miembros de una de las comisiones calificadoras del concurso), y miembros de Cepad.
El profesor Carlos Sánchez (ex director Max Salas y también participante en el concurso) presentó excusas, suscribiendo íntegramente los términos de la presentación.


Gabriela Fernández Montenegro
Licenciada en Ciencias Jurídicas e Históricas
Presidenta del Centro de Estudios Para Asuntos Docentes
CEPAD Los Andes
Manuel Rodríguez 367, email: cepadchile@gmail.com; blog: http://cepadchile.blogspot.com
Facebook: grupo CEPAD; twitter: @cepadchile